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De nuevo a un paso del 155

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02/10/2019 05:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

A menos de dos semanas de que se falle la sentencia sobre los hechos acaecidos en Cataluña el 1 de octubre del 2017 y fechas posteriores, los magistrados del Tribunal Supremo deben de dilucidar qué delito cometieron los trece encausados, si fue un delito de sedición o lleva también aparejado el de r

Mientras la desaceleración económica campa por sus respetos en el territorio nacional, se vuelven a escuchar insistentes rumores de que el gobierno podría tener abierto el cajón de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Lo que ya parece claro, así lo ha repetido por activa y por pasiva el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es que un su gobierno puede aplicar la Ley de Seguridad Nacional.

Se trata de un «aviso a navegantes» ante la inminente sentencia del denominado juicio del procés, que todo el mundo espera que se falle antes de mediados de este mes de octubre.

Un paso intermedio

La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional se prepara en las más que esperables alteraciones del orden público cuando se haga pública la sentencia de aplicación a varios políticos catalanes, entre los que se encuentran, entre otros, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.

Cabe recordar, que, de facto, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, supuso la intervención de la autonomía, esto es, las capacidades ejecutivas del gobierno catalán pasaron a ser asumidas por el gobierno de Pedro Sánchez.

En lo que respecta a la «parcela» de orden público, aplicando la Ley de Seguridad Nacional, el gobierno de Madrid realizaría una labor de «coordinación» en lo que respecta a los Mossos d'Esquadra, pero las competencias seguirían en manos del Govern.

Mientras que el encaje jurídico del artículo 155 con un gobierno en funciones podría dar lugar a un cierto resquemor, en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, la aplicación de la misma está perfectamente estipulada.

Inclusive, para poner en marcha la citada ley, no es necesario siquiera que se reúna el consejo de ministros, ya que la puede decidir en solitario su aplicación.

Coordinación con las comunidades autónomas

Tal como se recoge en el articulado de la Ley de Seguridad Nacional, las competencias de seguridad estarán coordinadas entre el gobierno central y las comunidades autónomas.

Esto significa, como ya hemos explicado en párrafos anteriores, que las competencias de orden público y el gobierno de los Mossos d'Esquadra siguen estando en poder del Govern, pero con la supervisión del gobierno central.

Una sentencia controvertida

Los siete magistrados que tienen que juzgar a los encausados tienen por delante muchas jornadas de «devanarse los sesos», para determinar varios puntos que son un «nudo gordiano» jurídico y que determinarán las condenas de los doce acusados.

Los magistrados deben deliberar sobre varios asuntos, siendo el principal si se produjo violencia en las jornadas anteriores y posteriores al simulacro de referéndum del 1 de octubre del 2017.

Otro de ellos tiene que ver con si se produjo un proceso de malversación de caudales públicos, esto es, si se desvió dinero público para el pago de todos los gastos en que se incurrieron para la celebración de la consulta del 1 de octubre.

¿Rebelión o sedición?

Es otro de los debates que deben estar teniendo los magistrados que juzgan a los doce encausados; y no es un debate no es de tipo menor.

Decidir que Oriol Junqueras, Josep Rull, Josep Turull o Raül Romeva cometieron un delito de rebelión les podría conllevar una pena de prisión de entre 15 y 25 años, mientras que si la deliberación de la sala considera que «solo» hubo un delito de sedición la condena podría ser mucho menor.

Los siete magistrados que tienen que juzgar a los encausados tienen por delante muchas jornadas de «devanarse los sesos», para determinar los argumentos jurídicos que determinarán las condenas

El Código Penal establece unas penas de entre 10 y 15 años de cárcel en caso de que quede probado y sentenciado un delito de sedición, la condena, también penal, es mucho más llevadera.

Tal como recoge el Código Penal, queda establecido que son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Para sentenciar cualquiera de los dos delitos, ya sea el de sedición o el de rebelión, la decisión tiene que ser unánime por parte de todos los magistrados de un tribunal que se encuentran ante una petición de sedición por parte de la fiscalía.

Dos situaciones de violencia

Para el tribunal, lo que ha quedado absolutamente demostrado que es que hubo al menos dos jornadas de violencia: la que se produce el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat y la de los sucesos que se produjeron el día uno de octubre.

Ese día de septiembre, 40.000 personas rodearon la Consejería de Economía de la Generalitat, impidiendo que una comitiva judicial y agentes de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, pudiesen abandonar la misma.

La segunda jornada de violencia se produce cuando la multitud impide que los antidisturbios de la Guardia Civil y Policía Nacional precinten los colegios donde se iban a llevar a cabo las votaciones.

Malversación de caudales públicos

Varios de los doce acusados también lo están por un delito de malversación de caudales públicos, ya que se especula con la posibilidad de que se utilizase dinero público para la celebración de referéndum.

A ciencia cierta nadie sabe cómo se pagó la propaganda electoral, las papeletas y las urnas que se utilizaron en el referéndum ilegal, y es uno de los elementos que deben de dilucidar los jueces de la causa.

Inhabilitación para cargo público y tercer grado

Lo que sí es seguro, es que, independientemente del delito que se substancie – rebelión o sedición –, todas las condenas llevarán aparejadas penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Una vez que se produzca la condena, la Junta de Régimen Penitenciario de la prisión donde cumplan, podría determinar su paso al tercer grado penitenciario, lo que implicaría que solo tendrían que acudir a prisión para dormir.

Teniendo la Generalitat asignadas las competencias de prisiones, el tercer grado, una vez que se dicte la sentencia, podría estar «a la vuelta de la esquina», aunque cabe recurso de la fiscalía ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña.

Fuente - EL PAÍS / Mossos d'Esquadra en Wikipedia / Política en EL PAíS /Sedición en Wikipedia


Sobre esta noticia

Autor:
Gonzalo Sánchez Del Pozo (187 noticias)
Visitas:
42
Tipo:
Reportaje
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