La vinculación de Personas con Discapacidad – PcD tiene un impacto positivo para las compañías empleadoras en aspectos como el clima organizacional, el sentido de pertenencia y la motivación de sus empleados, el compromiso con la responsabilidad social e, incluso, la obtención de ciertos beneficios tributarios.

El pasado 26 de febrero de 2018, por ejemplo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 392 el cual otorga puntaje adicional a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

De esto modo, en los procesos de licitación pública y concursos de méritos, las entidades estatales deben otorgar el 1% del total de puntos establecidos en el pliego de condiciones para proponentes que acrediten la vinculación de Personas con Discapacidad – PcD.

Para obtener el 1% adicional, los proponentes deben vincular laboralmente a un número mínimo de trabajadores con discapacidad dependiendo del número total de trabajadores de su planta de personal. Así, por ejemplo, para una empresa que tiene de 1 a 30 empleados debe vincular como mínimo 1 trabajador con discapacidad para obtener el puntaje adicional mencionado. El Decreto 392 de 2018 establece el mínimo de trabajadores con discapacidad correspondiente a cada tamaño de planta de personal.

Según el Decreto, para hacer seguimiento al cumplimiento de la medida durante la ejecución del contrato, los supervisores o interventores deberán verificar que los contratistas mantengan el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar al puntaje adicional de la oferta. Es clave indicar que el Decreto empezó a regir a partir de su fecha de publicación, 26 de febrero de 2018, pero se aplica a los procesos de contratación en los cuales el aviso de convocatoria se publique desde el 1 de junio de 2018 en adelante.

La filosofía que se busca construir, con ésta normatividad es que las Personas con Discapacidad – PcD valen por su talento y competencias, no por su discapacidad.

La inclusión laboral no solo se gesta contratando a Personas con Discapacidad – PcD, sino también contagiando a otras empresas y generando una cultura corporativa que dé mayores oportunidades sin perder competitividad.

La solución para superar la discriminación no está en los subsidios ni en el asistencialismo. Está en generar oportunidades reales de autonomía económica y esto es lo que se busca con el marco normativo vigente en Colombia.

La solución para superar la discriminación no está en los subsidios ni en el asistencialismo. Está en generar oportunidades reales de autonomía económica para las personas con discapacidad

Marco normativo de la discapacidad en Colombia (2)

v  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Colombia adopta mediante Ley 1346 de 2009 la Convención de Naciones Unidas promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la cual reafirma la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos y sistemas de garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin discriminación por motivo de su condición. El artículo 27º establece que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los demás.

v  Ley Estatutaria No. 1618 de febrero 2013.

Se garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación a las personas por razón de su discapacidad, lo cual requiere reglamentación, programas y acciones tendientes a garantizar los derechos, beneficios y obligaciones laborales de las personas con discapacidad.

v  Ley No. 361 de 1997.

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con Discapacidad, y de manera especial el Capítulo IV del Título Segundo sobre la integración laboral de las personas con discapacidad.

v  Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017.

El cual establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público, y se aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes.

v  Decreto 2177 del 22 de diciembre de 2017.

Por el cual se crea el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con su funcionamiento” y cuyo objeto es coordinar las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

v  Decreto 392 del 26 de febrero de 2018.

Por el cual se establecen incentivos en los procesos de contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. En los procesos de licitación pública y concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el (1 %) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el ministerio del trabajo.

----------------

(1)   Consultor en medios y catedrático 

(2)   Adaptado de http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo/inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad

La inclusión laboral no solo se gesta contratando a Personas con Discapacidad – PcD, sino también contagiando a otras empresas y generando una cultura corporativa